El expolio de la ingeniería informática

Diego Gambetta comienza su obra La Mafia Siciliana (Fondo de Cultura Económica, México, 2007) relatando la entrevista a un criador de ganado de Palermo, quien le explicaba que “Cuando el carnicero me viene a comprar un animal, él sabe que quiero estafarlo. Pero yo sé que él quiere estafarme. Así que necesitamos de Peppe para hacernos llegar a un acuerdo. Y los dos pagamos a Peppe un porcentaje del trato”. Otro comerciante palermitano, fabricante de muebles, sostenía que “Peppe vendía sobre todo información, haciendo con ello posible la transacción”, y que “por este servicio recibía 2% de comisión. Si además actuaba como garante de la calidad y el pago, el porcentaje aumentaba”. Ambos comerciantes coincidían en que Peppe actuaba como garante y, en un determinado territorio, operaba como monopolista. De manera significativa, el capítulo donde se relata esta historia se llama La industria de la protección.

En la industria de la cría de ganado y de la fabricación de muebles es de suponer que Peppe es una eminencia. Si no, ¿cómo podemos asegurar que la garantía de calidad que vende Peppe es un buen servicio profesional y no una simple mordida? Si Peppe no entendiera de ganado o de muebles, ¿sería razonable que tuviera el monopolio de la protección y de la garantía de calidad del ganado con que uno comercia o de los muebles que el otro fabrica?

Ricardo Gallir explica en El largo y difícil camino de la profesión cómo los colegios profesionales pueden llegar a ejercer de Peppe cuando plantean obtener beneficios de monopolios legales sin ofrecer a la sociedad nada a cambio. El servicio de Peppe como proveedor de información puede considerarse justo. De hecho, toda nuestra sociedad está construida sobre esos pilares. En cambio, el servicio de Peppe como garante de la calidad es, cuando menos, discutible. Un colegio profesional no va a poner en duda la utilidad y justicia de su servicio. Otros planteamos serias dudas a la bondad del monopolio de Peppe o de la regulación monopolística de los colegios profesionales. La utilidad social del monopolio del servicio de garantía de calidad que éstos prestan en el estado español hay que ponerla, al menos, en cuarentena.

Los países anglosajones que dominan la industria no optan por la regulación profesional (y mucho menos monopolística) de sus ingenieros, sino por la certificación. Cuando un ingeniero español sin barreras idiomáticas acude en busca de trabajo al extranjero, suele conseguirlo sin mayores problemas. Nadie duda hasta la fecha de la calidad de nuestros profesionales en ingeniería. Otro asunto es la valoración en forma de nivel salarial que el contratante hace del contratado, en función de su nivel de certificación. Un ingeniero certificado como chartered puede optar a niveles salariales mucho mayores que uno sin certificar. Es más, para desempañar ciertas actividades en ingeniería es imprescindible estar certificado. En el modelo anglosajón las sociedades profesionales certifican, y las Universidades deben formar buenos profesionales que puedan aspirar a estar certificados sin mayores problemas. De lo contrario, los titulados de una Universidad que relaje en exceso sus exigencias académicas no conseguirán certificarse y de hecho así se implementa un excelente control de calidad externo a las Universidades, a quienes no les vale ya la captación de más alumnos relajando en exceso los niveles académicos.

Es característico del modelo anglosajón que, además de no haber un monopolio regulador de certificaciones, la emisión de las mismas no está asociada a haber cursado un plan de estudios determinado, como sucede en España. Aquí, las atribuciones profesionales (es decir, los poderes de Peppe) están reguladas y el Gobierno establece las condiciones a que deben adecuarse los planes de estudio, en las titulaciones de Graduado y Master Universitario, en términos de competencias que se dan por adquiridas simplemente por haber finalizado dichos estudios. Esto sucede así en los ámbitos de las ingenierías tradicionales mediante la regulación de atribuciones (RD 1393/2007, de 29 de octubre; resolución 1478/2009, de 15 de enero; y órdenes CIN/350/2009 a la CIN/255/2009, de 9 de febrero) y, de modo particular, en los ámbitos de la ingenierías de nuevo cuño, es decir, la ingeniería informática y la ingeniería química (RD 12977/2009, de 8 de junio). Hay que decir que, en el caso de la ingeniería informática, el citado Real Decreto es un simple brindis al sol, dado que sus competencias no están asociadas a ninguna atribución profesional regulada. Es decir, las atribuciones profesionales en el caso de la ingeniería informática, simplemente no existen. Dicho de otro modo, si algún ingeniero tradicional colegiado quiere hacerse con los poderes de Peppe en cuanto a garante de la calidad de los proyectos y sistemas informáticos, podrá hacerlo, puesto que a los ingenieros informáticos no se les permite.

En estos días circula por la Red un borrador del Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales que pretende garantizar el libre acceso a las actividades profesionales y su libre ejercicio, así como actualizar y completar la regulación del régimen jurídico de los colegios profesionales. Dicho borrador reserva el ejercicio de las atribuciones profesionales en el ámbito de la ingeniería a quienes posean un título de Master que dé acceso a cualquier profesión de ingeniero. Bueno, el borrador excluye explícitamente a los ingenieros informáticos de poder ejercer dichas atribuciones. Sorprendentemente, sí que incluye a los ingenieros químicos, los habituales compañeros de fatigas de muchos ingenieros informáticos que han pretendido durante años unirse al club de Peppe.

Mucho me temo que la intención de dicha exclusión de los ingenieros informáticos no es casual, sino con un deliberado interés de expolio económico de las cuantiosas comisiones esperables por ejecución y visado de proyectos industriales relacionados con la ingeniería informática, precisamente los únicos que sobreviven a la crisis y que es previsible crezcan en las próximas décadas. Así pueden compensar los colegios tradicionales de ingenieros las pérdidas económicas, ya sean comisiones legales por servicio, ya sean simples mordidas, que pudieran devenir por el cada vez menor número de proyectos industriales fuera del ámbito de la ingeniería informática que se desarrollan en España. Para muestra, véase un botón. El prestigioso Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) norteamericano ha publicado recientemente las estadísticas de cómo el desempleo entre los ingenieros eléctricos ha crecido desde el 3.4% hasta el 6,5% en los primeros meses de 2013, mientras que el de los ingenieros informáticos expertos en el desarrollo de software ha decrecido hasta el 2,2%. Una prueba a favor de la posible intención dolosa de excluir a los ingenieros informáticos de la regulación propuesta por el citado anteproyecto de ley es que sí se han incluido, explícitamente, a los ingenieros químicos como profesión regulada, pues la cuantía económica del expolio es considerablemente menor en su ámbito. Si estas sospechas no están muy alejadas de la realidad, va a ser muy difícil hacer cambiar de opinión a los legisladores, influidos por los poderodos lobbys que suponen los grandes históricos colegios de ingeniería en España.

TheQuickBrownFox

Fuera de España, toda esa regulación de los colegios profesionales no tiene utilidad alguna. Lo que se pide a un ingeniero en Europa para la ejecución de cualquier de proyecto industrial es estar certificado en función de su experiencia, de su preparación para participar o visar proyectos de una determinada índole y, por supuesto, también de su titulación. Pero la titulación no es excluyente. No se está certificado por el simple hecho regulado de haber obtenido un cierto título de ingeniería y estar colegiado. Sobre todo, dichas certificaciones no son monopolísticas, sino que las emiten diversas sociedades profesionales según su prestigio y su ámbito de experiencia. Una forma de evitar que se torne en mordida un servicio que, en origen, era útil y bueno para la sociedad, como la información de Peppe, o los servicios no monopolísticos de un colegio, es que el garante de la calidad del servicio tenga suficiente conocimiento sobre lo que está certificando. Desafortunadamente esto no suele suceder entre no pocos ingenieros tradicionales, no informáticos, algo que se deriva de un sencillo análisis de los planes de estudio que les dotan de atribuciones por el RD 1393/2007. El anteproyecto de ley que hoy circula permitirá a ingenieros no formados en ingeniería informática actuar de garantes de la calidad del desarrollo de proyectos y sistemas informáticos. Nos encontramos, pues, frente a un Peppe que puede no saber de ganado ni de fabricación de muebles, pero que tiene el monopolio regulado de la industria de la protección.

Si no se quiere, o no se puede, poner coto a este hecho, al menos que la informática y el pensamiento computacional entren de verdad en la escuela, como están haciendo en todos los países desarrollados, para que los futuros profesionales, ya sean o no ingenieros, salgan del analfabetismo informático que lamentablemente nos invade y que, como bien señala Enrique Dans en Ponerse las pilas, pone en peligro nuestro futuro como país.

Si no se corrige este desatino, puede que España pierda una vez más la comba de la siguiente revolución industrial, la pronosticada hace mucho tiempo por Alvin Toffler en La Tercera Ola, como ya lo hicimos hace dos siglos. A toro pasado es fácil buscar culpables en Fernando VII o en (tómese literalmente) la madre que lo parió. Sin embargo, es preferible poner arreglo a los problemas que buscar culpables años más tarde. Quizá así nos ayudemos a nosotros mismos a perder esa odiosa costumbre española.

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